¿Qué es lo que han acordado PNV y PP en Madrid? ¿Han tenido en cuenta las reivindicaciones de las personas p’ensionistas o se trata solo de un movimiento para acallar las movilizaciones?
¿Qué es lo que han acordado PNV y PP en Madrid? ¿Han tenido en cuenta las reivindicaciones de las personas p’ensionistas o se trata solo de un movimiento para acallar las movilizaciones?
El acuerdo sobre pensiones en Madrid del PP-PNV está lejos de las reivindicaciones de las y los pensionistas. Las movilizaciones de las personas pensionistas en el Estado, y de forma muy importante en Hego Euskal Herria, han obligado a la clase política a incluir la reivindicación del derecho a una pensión digna en la agenda política.
Las movilizaciones y la determinación de la gente pensionista han obligado a mover ficha. Quienes han pretendido evitar el debate político convirtiendo la situación del sistema de pensiones en una cuestión técnica y económica y han repetido que era imposible subir las pensiones, se han visto obligados a hacer propuestas, negociadas en un despacho y conocidas a través de los medios de comunicación. El objetivo de estas propuestas atiende más a la necesidad de desactivar la movilización social creciente, que a la de abordar de forma real la situación de las personas pensionistas y su calidad de vida, y la garantía futura del sistema público de las pensiones.
Estas propuestas, hoy solo titulares, habrá que ver cómo se concretan en propuestas reales (en esto la letra pequeña es importante). Pero con estas propuestas se puede adelantar que están lejos de las justas reivindicaciones de las personas pensionistas que están llenando las calles de Hego Euskal Herria.
• No cuestionan las reformas de las pensiones de los años 2011 y 2013, cuya derogación está siendo exigida en las movilizaciones de las personas pensionistas. Por lo tanto, el proyecto de desmantelamiento del sistema público a favor de un sistema público mínimo con pensiones privatizadas se mantiene en vigor. Hay que recordarle al PNV que la sociedad vasca respondió con sendas huelgas generales a las reformas de las pensiones.
De momento han decidido ralentizar el ritmo para su implementación ante la importante protesta social. Renuncian a hacer del derecho a una pensión digna un derecho garantizado para convertirlo en moneda de cambio en atención a intereses políticos corporativos y electoralistas de cada momento.
• No toma en consideración la reivindicación de las personas pensionistas de 1.080 euros. Hay que recordar que dicha cuantía se corresponde con el salario fijado como el umbral de la pobreza.
El impacto del incremento del 3% para las pensiones mínimas, queda limitado sobre todo en el ámbito de la CAV por el complemento vía RGI (el 25% de las personas perceptoras del RGI son pensionistas).
Si bien se fija un incremento con referencia en el IPC, este se limita al presente año y al siguiente (2018-2019). Y por lo tanto, se mantiene en vigor el condicionamiento legal del incremento de las pensiones a la situación financiera del sistema con el mínimo fijado del 0,25% aplicado desde el 2014.
Los incrementos acordados resultan insuficientes si tenemos en cuenta que después de su aplicación, en 2018, en la CAV casi el 52% y en Navarra el 57% de las pensiones seguirán siendo inferiores a 1.080 euros.
• El retraso en la aplicación del factor de sostenibilidad de 2019 a 2023 supone, como se ha dicho, ralentizar, presionados por la movilización social, la puesta en marcha de la siguiente fase en contra del sistema público de pensiones. Otros aspectos de las reformas tienen fijado un plazo aún más largo (2027). El factor de sostenibilidad consiste en la fijación de un coeficiente reductor en atención a la esperanza de vida que quinquenalmente y de forma acumulativa se irá aplicando a las futuras pensiones de jubilación. En un plazo de 10 años puede suponer un 10% en la reducción de la cuantía si tenemos en cuenta que para entonces las reformas serán ya plenamente aplicables.
• Incremento del porcentaje actual del 52% al 54% de la base reguladora de la pensión de viudedad. Estas pensiones son las que cobran mayoritariamente las mujeres y que suponen una pensión media de 708,74 euros en Navarra y 778,92 euros en la CAV.
Se vende como logro lo que es un incumplimiento del mandato legal del año 2011 para que el porcentaje de la base reguladora de las pensiones de viudedad aumentara progresivamente hasta el 60% en el 2019 para las personas perceptoras mayores de 65 años (tampoco de forma generalizada). Por lo tanto, más que celebrar un logro, hay que denunciar el retraso de ocho años en su puesta en marcha. Desde el año 2012 el gobierno español ha venido incluyendo en sus leyes de presupuestos el aplazamiento de la puesta en marcha de esta medida.
Tampoco se dice en este acuerdo si este incremento va a suponer recalcular las pensiones de viudedad existentes o solo se va aplicar a las nuevas pensiones de viudedad (cuestión importante).
• El PNV también ha renunciado en Madrid a poner encima de la mesa la reivindicación de gran parte del colectivo de personas pensionistas como es la creación de un sistema público vasco de seguridad social. En un momento en el que miles y miles de pensionistas han salido a la calle en defensa de una vida digna, es necesario poner de manifiesto que la falta competencial en materia de relaciones laborales y seguridad Social (Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social) nos deja sin instrumentos y sin capacidad de decidir ante las consecuencias de las reformas laborales y el recorte de las pensiones decididas en Madrid.
Porque, el incremento de la pobreza y la exclusión social, la nueva realidad de las personas trabajadoras pobres o las bajas pensiones, tiene relación directa con las decisiones que se toman en Madrid.
En conclusión, el acuerdo del PNV con el PP no responde a las reivindicaciones de las personas pensionistas vascas, y se sitúa más en el terreno de los intereses partidistas que en lo que realmente necesita la sociedad vasca y que están reivindicando las personas pensionistas en la calle.
Son necesarias políticas reales de cambio en la actual situación socio-económica y laboral y, para ello, es necesario una doble voluntad política: diseñar políticas públicas para garantizar mejores condiciones de vida, y la necesidad de contar con instrumentos soberanos para poder desarrollar políticas integrales.
Sigue habiendo motivos para movilizarnos, no solo no acaba nada sino que lo ocurrido en Madrid vuelve a ratificar que la lucha es el camino.