Las reformas de las pensiones
En estos últimos años el Estado español ha llevado a cabo dos reformas de las pensiones: en el año 2011 –de manos del PSOE- y en el 2013 –estando el PP en el gobierno-.
Antes de nada, hay que dejar claro que el objetivo de todas las medidas que se han tomado durante estos años (mediante reformas y recortes) no ha sido jamás “salir de la crisis”, sino cambiar el sistema socioeconómico y exprimir a las trabajadoras y trabajadores para abrir una nueva etapa de explotación. Podríamos decir que ya lo han conseguido: las ciudadanas y ciudadanos tenemos ahora muchos menos derechos y somos mucho más pobres, mientras que los grandes capitales, las multinacionales y la banca, además de no haber perdido nada en ese camino, han multiplicado sus beneficios. Dicho esto, veamos en qué han consistido estas reformas:
Reforma del 2011:
El Gobierno del PSOE, las patronales CEOE y Cepyme, junto a los sindicatos CCOO y UGT cerraron un acuerdo en Madrid que redujo y dificultó nuestro derecho a unas pensiones públicas. La clase trabajadora vasca respondió a esta reforma con una exitosa huelga general el 27 de enero, convocada por la mayoría sindical de Euskal Herria.
Estos son los principales puntos que recortó la refoma de 2011:
– Se atrasó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y se estableció la necesidad de tener cotizados por lo menos 37 años para acceder al 100% de la pensión. El retraso de la edad de jubilación, además de afectar a nuestra salud, impide que las y los jóvenes se incorporen al mundo laboral.
– Antes se tenían en cuenta los últimos 15 años para calcular el importe de la pensión. A partir de la reforma, se tienen en cuenta los últimos 25 años. Generalmente, mientras más atrás vayamos en nuestra vida laboral, los salarios suelen ser más bajos, por lo cual esto afecta de lleno al importe que vamos a percibir. (Tenemos que recordar que en una reforma anterior se pasó de tener en cuenta los últimos 8 años a los últimos 15, por lo tanto, está bastante claro que el objetivo último será tomar en consideración para el cálculo toda la vida laboral, como ya ha adelantado el Gobierno del Estado, lo que reducirá aún más nuestras pensiones).
– Jubilación anticipada: antes podía solicitarse una vez cumplidos los 61 años, tras la reforma, en cambio, pasó a ser de los 63 años en adelante.
Reforma del 2013:
Si la reforma del 2011 endureció las condiciones para poder acceder a una pensión, la del 2013 se dirigió a recortar dichas pensiones. Para esto, se realizaron, principalmente, dos cambios.
Por una parte, la revaloración de las pensiones se desligó del IPC. Esto quiere decir que las pensiones no suben al mismo ritmo que el precio de la vida y, por tanto, que estamos perdiendo poder adquisitivo año tras año. Establecieron la subida mínima, como ya estamos sufriendo, en un miserable 0,25%.
Por otra, inventaron una fórmula perversa para calcular el importe de las pensiones, el llamado “factor de sostenibilidad”. Según esto, las pensiones se vinculan a la esperanza de vida y a la situación de las finanzas públicas. Resumiendo, inventaron un complicado cálculo con un único objetivo: poder bajar año tras año la cuantía de las pensiones que cobramos. Este coeficiente comenzará a aplicarse a partir de 2019.
Tras este ataque a las pensiones públicas se encuentra el interés de la banca.
Pretenden convertir nuevamente lo que es un derecho de la ciudadanía en un nicho de negocio para las aseguradoras (tal y como están haciendo también con la sanidad). Esto, además de suponer una mercantilización de nuestros derechos, es algo imposible para la mayoría de las trabajadoras y trabajadores, ya que con nuestros salarios casi nadie puede permitirse contratar un plan privado e, incluso en los casos en que sí sea posible, estos planes de pensiones no garantizan de ninguna manera ingresos suficientes para poder vivir una vez hayamos dejado de trabajar.
