¿Qué es la cuota de reserva?
Según establece la ley, en las empresas, tanto públicas como privadas, mayores de 50 trabajadoras y trabajadores, debe guardarse por lo menos un 2% de los puestos de trabajo para personas con algún tipo de discapacidad.
Aunque no cumplir esta ley se considera una falta grave, muchas empresas no guardan esta cuota. No obstante, la misma ley abre la puerta a otras opciones para no cumplir con esta obligación; es decir, en lugar de realizar contrataciones, pueden optar por otras alternativas:
– Subcontratar un centro especial de empleo
– Crear un enclave laboral
– Realizar donaciones económicas
Se supone que estas alternativas están pensadas para casos excepcionales, pero, en la práctica, la mayoría de las empresas, también dentro de la administración, evitan la contratación directa. Así, en los ayuntamientos, por ejemplo, es muy usual que se subcontraten distintas actividades de esta manera (como puede ser el servicio de jardinería). Esto tiene un efecto doble: por una parte, se destruyen puestos de trabajo públicos y, por otra, las personas que realizan estas funciones sufren la situación de precariedad típica de los centros especiales de empleo, en lugar de estar empleadas por el ayuntamiento.
La normativa en torno a la cuota de reserva se ha convertido en una manera de perpetuar la exclusión y precariedad de las trabajadoras y trabajadores con diversidad funcional, ya que se les condena a los centros especiales de empleo y se les impide la incorporación al mercado laboral ordinario, aunque ocupen puestos de trabajo corrientes y/o se dediquen a llevar adelante una parte concreta de la producción de empresas ordinarias.
